Por Daniel Ambriz Mendoza
En mi calidad de ciudadano mexicano, de trabajador de la educación de este país y haciendo uso de la tan sonada libertad de expresión del gobierno que se ha echado a cuestas de llevar lo que él mismo le ha dado por llamar la 4ª Transformación, y así como he aceptado un resultado electoral acatando todo lo que de la ley emane, le digo con todo respeto ¡No señor Presidente!, se está usted equivocando o se está extralimitando en sus funciones Constitucionales, no puede mediante un memorándum echar atrás lo que usted ha bautizado como “la mal llamada reforma educativa”.
Me ha sorprendido de sobremanera leer un memorándum fechado con el día de hoy 16 de abril del 2019, firmado por Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, donde gira instrucciones a Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, a Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública y a Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Hacienda y Crédito Público; para que, busquen la manera de dejar sin efecto todo movimiento realizado en el sector educativo bajo el amparo de la ley vigente, ante la imposibilidad momentánea, dice, de poder aprobar su iniciativa para reformar el artículo 3°, el 31 y 73 Constitucionales, enviada al H. Congreso de la Unión el día 12 de diciembre del 2018, de la que ya existe un proyecto en comisiones unidas y que espera únicamente la discusión ante el pleno legislativo y que con ella, cumplir con su compromiso de campaña de “abrogar” “la mal llamada reforma educativa” pero que la intransigencia y actitud beligerante de un grupo radical magisterial minoritario en el país lo ha impedido.
Les dice también que, la nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la intención de impedir, a su juicio, prácticas patrimonialistas, aviadores y cualquier otra práctica de corrupción y que la Secretaría de Educación Pública, por su parte, administrará las plazas, para evitar también a su juicio, que se trafique con ellas. En el mismo documento garantiza la contratación de maestros egresados de las escuelas normales públicas sin señalar bajo qué criterios ni al amparo de qué ley…el memorándum en comento prosigue con otras indicaciones que igual, violan los preceptos legales vigentes al evitar seguir un debido proceso jurídico.
No se necesita ser especialista en la materia para comprender que un memorándum no podrá estar nunca por encima de la Constitución y de las leyes secundarias, tal indicación viola el artículo 3° Constitucional, la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, entre otras. La indicación en el memorándum es autoritaria y de corte dictatorial, no es propia de la vida orgánica de una República ni tampoco de una democracia que privilegia el estado de derecho.
El Presidente de la República debe saber que existen garantías y derechos humanos que serán violentados por su mandato en caso de que los funcionarios en comento hagan caso de su arbitraria indicación. Debe saber que hay miles de trabajadores en todo el país que fueron contratados al amparo de la ley vigente y que deben seguir procesos que les den seguridad y garantía en el empleo, la indicación en el memorándum los deja en la total indefensión terminando de tajo con su legítimo derecho de servir a la patria a través de la práctica profesional docente.
El Presidente de la República debe saber que antes de la entrada en vigor de la ley aún vigente la corrupción asfixiaba al sistema educativo con la venta y herencia de plazas, y que ahora el ingreso al servicio es por méritos propios sin deberle el favor a nadie, evitando con esto, escamoteo de recursos, cooptación y manipulación oficial y sindical.
El Presidente de la República debe saber que se está equivocando y que con la medida adoptada en el memorándum le está abriendo la puerta a la corrupción que dice combatir. ¡Señor Presidente!, saque adelante la nueva reforma, así como usted la ha planteado, tiene todo para hacerlo, con cabildeo razonable puede lograr la mayoría calificada en el H. Congreso de la Unión(Art. 135 Constitucional) y también los Congresos locales, ¿Qué se lo impide? Mediante el respeto a la ley y siguiendo los procedimientos legislativos para establecer cambios a la Constitución y emitir nuevas leyes secundarias nadie tendrá elementos válidos para increparlo, pero así, de manera unilateral y arbitraria, ¡No señor Presidente! En México gobierna una democracia, no una dictadura.
