Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2020.-Cumpliendo con los ejes estratégicos establecidos en el Plan de Persecución de Delitos de trabajar de forma interinstitucional para garantizar atención especializada a las víctimas de delitos cometidos contra los derechos humanos y la libertad de expresión, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) avanza en el fortalecimiento del perfil profesional de las y los servidores públicos que laboran en su interior.
Es así que, derivado de los trabajos coordinados con autoridades del proyecto Pro Voces de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la institución a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, se certificó en el Estándar de Competencia EC1103 “Investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión bajo el enfoque diferencial y especializado”.
La presente certificación avalada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) acredita con base a evidencias, los conocimientos, habilidades y destrezas del personal de dicha Fiscalía Especializada, para atender de manera óptima los delitos cometidos en esta materia.
Janeth Martínez Mondragón, Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, resaltó y reconoció las gestiones que en este rubro ha realizado el Fiscal General, Adrián López Solís, encaminadas a fortalecer las capacidades institucionales para mejorar el entorno de seguridad y protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Asimismo, destacó el trabajo y empeño puesto por la titular de la Unidad de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, América Yunuén Méndez Silva y José Luis Revuelta Guerrero, agente del Ministerio Público adscrito a la misma Unidad, quienes, tras sujetarse a los criterios de evaluación, también obtuvieron dicha acreditación, entregada en las instalaciones del INACIPE, en la Ciudad de México.
El Estándar de Competencia EC1103 está fundamentado en los criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad, el cual consta de evaluar el desempeño especializado de la implementación de actos de investigación, atención a las víctimas y establecimiento del vínculo del hecho delictivo y el ejercicio de la actividad periodística de la persona agraviada.
