Cancún, Quintana Roo, a 8 de septiembre de 2018.- Tras advertir que la corrupción es uno de los detonantes de la destrucción de la economía del Estado Mexicano y que exige de firmeza para combatirla, el Fiscal Anticorrupción de Michoacán, Alejandro Carrillo Ochoa, convocó a los fiscales homólogos del país a redoblar esfuerzos, hombro con hombro, con la sociedad a la que se deben y los invitó a recuperar la confianza perdida de la ciudadanía en las instituciones.
Al participar en el Congreso Nacional “Retos y Perspectivas del Combate a la Corrupción desde el Ámbito Penal” que se llevó a cabo en esta ciudad, Ochoa Carrillo destacó la importancia de que las y los fiscales sean auténticos y leales vigías de los Derechos Humanos dentro del Procedimiento Penal, como lo mandata la Constitución y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, con el inquebrantable objeto de esclarecer los hechos que se presuman sea delito, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, que se recupere el daño causado y contribuir al acceso a la justicia.
En el evento coordinado por la Comisión Nacional de Fiscalías y Vicefiscalías especializadas en el Combate a la Corrupción, quedó conformada la Comisión Anticorrupción en el Ámbito Penal , la cual tiene por objeto establecer, impulsar y difundir programas dirigidos al fortalecimiento de la prevención, investigación y detección de delitos por hechos de corrupción, además de proponer políticas públicas en la materia que permitan facilitar y generar la coordinación entre las diversas instancias encargadas de procurar justicia.
En esta Comisión, los fiscales anticorrupción de las entidades federativas, se han propuesto trabajar para proponer políticas públicas en la materia con estricto apego a la legislación vigente y a los derechos humanos para consolidarse como canal de estudio, análisis, promoción e implementación de acciones y estrategias integrales a nivel nacional, que permitan fomentar una procuración de justicia efectiva y fortalecer la vigencia del estado de derecho fomentar la cultura de la legalidad y recuperar confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.
