Por Daniel Ambriz Mendoza
La profesión docente en Latinoamérica y en particular en México, es una profesión poco reconocida y mal remunerada, muchos foros, acuerdos, congresos, debates, incluso proyectos de políticas educativas se han diseñado para buscar cómo superar las condiciones laborales de los profesores, a pesar de que los gobiernos muestran en sus campañas esperanzas de cumplir con ese mandato constitucional de hacer justicia a los mentores de la patria, esta no aparece.
No son pocos los analistas simbólicos de la educación que se diferencian de los funcionarios tradicionales por su conciencia acerca de la relación entre conocimiento, la práctica docente, y su convicción por los conocimientos relevantes que poseen para un ejercicio profesional efectivo; por eso, vemos con frecuencia una disrupción pública entre lo que se le paga a un maestro y lo que se le debería pagar. En cierto modo los profesores acostumbrados a la marginación y al disenso, han mantenido una cierta distancia crítica respecto de otros actores que también se insertan en el Estado, aunque con otros saberes, menos específicos en relación a los campos o áreas de acción en los que cada analista simbólico se desempeña pero que son actores principales a la hora de fijar los salarios y las prestaciones.
Por lo anterior, expondré algunos elementos que pueden sostener una mejor condición laboral y profesional que por justicia se merecen los maestros de México, propuesta que registré con el número de folio: 24533-B en el sitio web para la consulta por un Acuerdo Educativo Nacional que ha implementado el gobierno electo.
Con la política educativa denominada Plan Nacional de Educación, aunque un poco antes ya se había definido el proponer a los maestros tres cuartos de tiempo y las dobles plazas, nadie dudó en buscar hacerse de una plaza más, con el tiempo, la consecuencia fue mayor: desgaste profesional y el deterioro de la salud (síndrome Burnout), poco rendimiento en el doble turno y menos tiempo para las relaciones sociales y profesionales del docente, amén de otros asuntos. En secundaria la lucha fue por las 42 horas frente a grupo, lo que trajo también las consecuencias ya descritas, incluso algunos estudiosos de la profesionalización llegaron a señalar que la actividad docente era una sub profesión (Arias, A. 2015).
Desde luego que el maestro por lo regular se enfrenta a condiciones adversas en el desarrollo de su trabajo: infraestructura insuficiente y en mal estado, materiales educativos mínimos sin diseño técnico-pedagógico amigable a las condiciones locales, escaso apoyo pedagógico profesional por parte de la SEP, exceso de número de alumnos, sin marco jurídico laboral claro, con una intensa carga administrativa y ningún apoyo financiero a la escuela como institución pública, con ese marco, el maestro no puede cumplir con un esquema de planeación y programación que le permita lograr objetivos precisos.
Hoy ya no se puede hablar de condiciones de éxito de una política educativa cuando a los actores principales no se les ofrece el mayor de los beneficios, y ese beneficio es el salario, que debe ser amplio y suficiente para cumplir las necesidades básicas de una familia, un salario puntual con incrementos conforme a las zonas económicas, y ampliar los tiempos completos, pero con una sola responsabilidad frente a grupo, es decir, más tiempo con los alumnos de un solo y único turno. Por lo anterior, considero necesario el establecimiento de un programa anual para fijar un salario digno para los trabajadores de la educación, a través de una comisión bipartita SEP-SNTE, que supere el salario profesional que ha sido rebasado por la inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo y crear la paridad del salario de una sola plaza de tiempo completo, con salario de tiempo completo.
En el afán de buscar un salario que resuelva las necesidades básicas de los trabajadores de la educación y sus familias no se deben escatimar esfuerzos ni se deben agotar los caminos a seguir, la profesión docente debe revalorarse y el maestro debe un bien apreciado por la sociedad por el impacto de su actividad transformadora en la formación de las futuras generaciones.
