Morelia, Michoacán a 12 de junio de 2019.- En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, conmemorado el 12 de junio de cada año, la Secretaría de Gobierno, en apego al artículo 47 fracción VI, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, informa que en el ámbito de su competencia, se han tomado medidas, desde el inicio de la presente administración, para prevenir, atender y sancionar los casos en que este sector de la población se vea afectado por este motivo.
Es a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) que se aplican las políticas públicas, para evitar en la medida de lo posible, perjuicios a la salud y a la educación o el impedimento para su desarrollo físico o mental.
Asimismo, se busca erradicar la explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad todo ello, a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables.
A este respecto, la titular del Sipinna estatal, Yolanda Equihua Equihua, recordó que en Michoacán se reconoce el derecho de la niña y del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, pues sus consecuencias pueden deteriorar su salud, inasistencia a la escuela, deserción escolar y carencia de protección especial y desarrollo integral, así como escasas posibilidades de desarrollo y mayores posibilidades de exclusión social y pobreza.
“De acuerdo al módulo de trabajo infantil 2017 del INEGI, se menciona que en Michoacán, 6 mil 736 de los adolescentes de 15 a 17 años trabajan en una ocupación permitida, sin embargo más de 118 mil adolescentes trabajan en una ocupación no permitida”, apuntó
También se menciona, dijo, que casi 45 mil adolescentes trabajan con la edad mínima permitida y 73 mil lo realizan en una ocupación peligrosa.
Mención especial merece el tema de los jornaleros agrícolas en Michoacán, donde un 44 por ciento de las familias que se dedican a esta actividad cuentan con al menos un niño o niña trabajador.
“El trabajo de niñas, niños y adolescentes en campos agrícolas como jornaleros, vulnera el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, el derecho a la educación, el derecho al descanso y al esparcimiento, el derecho a la vivienda, a la recreación, a la participación y el derecho al acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”, indicó Equihua Equihua.
Al ser esta situación una de las peores formas de trabajo por los graves riesgos que pueden llegar a padecer, como accidentes, intoxicación por pesticidas y afectaciones al desarrollo físico, la actual administración estatal encabezad por Silvano Aureoles Conejo, ha instrumentado por conducto de diversas dependencias y entidades, políticas públicas transversales de atención a este flagelo que afecta de manera directa al desarrollo integral de la población infantil y juvenil de la entidad.
Específicamente, el Sipinna estatal como parte del Grupo de Coordinación para el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas y del cual, su titular funge como coordinadora, ha llevado a cabo diversas gestiones para dotar de medicamentos y material de curación al consultorio que se encuentra dentro del albergue en Yurécuaro, toda vez que ahí se cuenta con personal médico para la atención a los trabajadores y sus familias.
Así mismo esta Secretaría Ejecutiva, gestiono con la Secretaría de Educación para que hubiera maestros suficientes que brindaran la atención educativa en el marco del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE).
Estas y otras acciones, instrumentadas por el Sipinna, bajo el liderazgo del secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, coadyuvan con las realizadas por otras instancias, federales, estatales y municipales a generar mejores condiciones de vida para los niños, niñas y adolescentes, al tiempo que se mantiene alerta ante cualquier situación irregular que incumpla con la salvaguarda de los derechos consagrados en la legislación vigente en la materia.
