Morelia, Michoacán a 07 de junio de 2019.- Tras la aprobación de las reformas constitucionales en materia de paridad de género, en cargos públicos de los tres órdenes de gobierno y en los tres Poderes de la Unión, el Director General del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán, Alberto Hernández Ramírez, manifestó su beneplácito por tan trascendental avance, al señalar que constituye un gigantesco salto en el tema de la no discriminación política de género.
En ese sentido mencionó que con la aprobación a las modificaciones de los artículos (2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115) de la Constitución, aprobados por 21 Congresos Locales, comienza un cambio estructural que permitirá que las mujeres de manera paritaria participen en la toma de decisiones de este país.
“Las modificaciones en los nueve artículos constitucionales para establecer la obligatoriedad de que las mujeres accedan a la mitad de los cargos públicos, permitirá cortar las brechas de desigualdad y generar mejores oportunidades de desarrollo para las mujeres, y, además, permitirá incorporar un lenguaje incluyente basado en el reconocimiento de que mujeres y hombres son iguales ante la Ley”.
El titular del Coepredv, añadió que dicha aprobación, única en el mundo, deberá poner fin a conductas y acciones basadas en los prejuicios y estereotipos, que por muchos años colocó una barrera para que las mujeres participaran de manera libre en la vida política de nuestro país, generando actos discriminatorios y limitando el goce pleno de los derechos humanos.
Recordó que, en el 2014, se reformó el artículo 41 de la Constitución para obligar a los partidos políticos a garantizar la paridad de género en las candidaturas al Poder Legislativo federal y local, sin embargo, dijo que, en las reformas actuales se aplicará la integración en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los órganos autónomos.
Finalmente expresó que, a partir de la aprobación de este dictamen, se deberán implementar políticas públicas, medidas y acciones para asegurar que todas las mujeres participen en la vida política con libertad, seguridad y con garantía del derecho a la no discriminación ni violencia derivada de la misma.
