Morelia, Michoacán, 5 de enero del 2022.- Una vez que sean convocados para cobrar sus finiquitos y se compruebe que el Congreso estatal sólo incluyó las partes proporcionales del aguinaldo y la prima vacacional, tal como lo anunció la semana pasada el nuevo representante jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de la cámara local, Ricardo Santillán, y no incorpora a este paquete los dos meses de salario que pactaron al término de la relación laboral el pasado 15 de septiembre, los ex empleados de la legislatura LXXIV demandarán ante el Tribunal Administrativo al responsable anterior de los recursos de ese cuerpo legislativo, Alberto Chávez Sandoval.
Un buen número de ellos firmaron en el área jurídica de la dependencia que maneja los recursos de la cámara local un convenio que se derivó de un acuerdo de los diputados de la legislatura anterior, que pretendía, según se argumentó en su momento, compensar a los trabajadores por su desempeño mientras estuvieron a su servicio y para paliar la situación crítica causada por el tiempo que duraran sin trabajo, agregaba dos meses de sueldo a las partes proporcionales del aguinaldo y la prima vacacional, cuyos montos variaban en función de las diversas categorías.
Por esa razón, una vez conocida la postura de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que supuestamente votó por unanimidad el pago de los finiquitos “conforme a la ley”, según la versión dada por Santillán, los ex empleados exigen al Congreso local el cumplimiento estricto de tal convenio, no solo porque se trata de un pacto de buena fe firmado por las partes para llevar a feliz término el vínculo laboral, sino especialmente porque la propia ley en la materia, al proteger a la parte débil de esta relación, que es el empleado, privilegia para su cumplimiento la existencia de contratos que superen lo que establece la ley, lo que formalmente se conoce como “condición más favorable”, tal como ocurre con los aguinaldos, que generalmente son superiores a lo que dicta la Ley Federal del Trabajo, que es de 15 días.
Pero además, frente a la versión de que a varios ex empleados de la legislatura anterior les pagaron poco después del 15 de septiembre sus finiquitos en cantidades que confirman lo establecido en el convenio, demandan el cumplimiento de la fracción VII del artículo 123 de la Constitución en lo que se refiere a la necesaria igualdad de condiciones ante la ley entre los que cobraron y los que no han cobrado, bajo la máxima de que “a trabajos iguales, salarios y prestaciones iguales”.
En tal virtud, con todo y que la responsabilidad política de tales violaciones a la ley corresponden a los directivos de la Cámara de diputados, quienes con tales conductas merecerían ser juzgados por la sociedad a través de la revocación de mandato si tal figura estuviera contemplada en nuestras leyes estatales, toda vez que como encargo mínimo están obligados a acatar los acuerdos de sus antecesores en el marco de un relevo institucional, los exempleados demandarán al anterior secretario de Finanzas, Alberto Chávez Sandoval, quien debió ejercer el presupuesto 2021 dedicado a los finiquitos en el año fiscal a que correspondía. “Quienes hemos navegado tocando puertas, desde la del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, pasando por las del presidente de la Jucopo, Fidel Calderón Torreblanca y la titular de la mesa directiva del Congreso local, Adriana Hernández Iñiguez, quienes hemos abordado en la calle o en eventos públicos porque ha sido imposible que nos reciban en sus oficinas, hasta las de los funcionarios del área de Finanzas y otros legisladores indiferentes, constatamos la insensibilidad que priva en todos ellos. Nunca una explicación, nunca el ofrecimiento de una gestión para llevar a feliz término el reclamo, nunca una muestra mínima de la vocación de servicio que debe exhibir un servidor público, nunca un acto de atención elemental de quien está obligado a por lo menos escuchar a quienes votaron por ellos”, dicen los exempleados.
