Zitácuaro, Michoacán, a 11 de julio de 2019.- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), impulsará el pago de servicios ambientales a protectores del bosque en la reserva de la biósfera de la mariposa monarca.

Las comunidades indígenas de San Cristóbal y Nicolás Romero, además de los ejidos de El Rosario y Contepec, integran un primer paquete de solicitantes del incentivo que la Administración Estatal propuso como medida para fomentar el cuidado de los bosques y su aprovechamiento sustentable, explicó Ricardo Luna García, titular de la Semaccdet.

Destacó que los servicios ambientales se pagarán con los recursos concentrados en el Fondo Verde, que capta las aportaciones efectuadas por los productores de aguacate que se han sumado al acuerdo para la conservación de los bosques y la sustentabilidad de la agricultura.

El Fondo Verde se sumará a las aportaciones que ya realizan el Fondo Monarca y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), así como municipios de la región Oriente, a fin de atender una mayor cantidad de superficie forestal y beneficiar a más guardianes.

En reunión celebrada en el municipio de Zitácuaro, con la asistencia de Alejandro Ochoa Figueroa, titular de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom); representantes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y habitantes de ejidos y comunidades protectoras del bosque en la reserva de la biósfera de la mariposa monarca, se determinó que en las siguientes dos semanas se darán a conocer los plazos para efectuar la primera ministración de los recursos comprometidos.

Luna García agregó que se precisa dar seguimiento permanente a la entrega del pago por servicios ambientales, por lo que recordó que el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, entregó al Congreso del Estado el Paquete Legislativo Ambiental, que prevé, entre otros, la captación de hasta el 3.5 por ciento de la recaudación efectiva de los organismos operadores de agua potable en las ciudades con 100 mil o más habitantes, para apoyar a quienes preservan los ecosistemas que producen el vital líquido, medidas que la Administración Estatal espera aprueben los legisladores.