A 14 años de los atentados, víctimas de acto terrorista no tienen justicia ni reparación del daño, al contrario, cada año son revictimizadas ante la simulación de las autoridades responsables
Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2022.- Han transcurrido 14 años del lamentable suceso de los granadazos del 15 de septiembre del 2008, en los que resultaron 8 personas fallecidas y 108 lesionadas, a la fecha las víctimas no han recibido justicia ni reparación integral del daño, por el contrario han padecido la simulación de las autoridades.
Ante tal situación, seis familias afectadas, en total 12 víctimas, entre fallecidos y lesionados, debieron recurrir a la asesoría jurídica particular, efectuando diversas acciones contra autoridades Federales y Estatales por las omisiones en las que han incurrido y que ha producido recurrentes violaciones a sus derechos humanos.
En el camino que han recorrido las víctimas se han tenido que enfrentar a la simulación de las autoridades, como muestra, es preciso recordar que a la fecha no hay detenidos ni sentenciados por estos hechos, porque quienes en su momento fueron detenidos, obtuvieron su libertad por acreditar violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso.
A esto se suma que la causa penal se encuentra suspendida debido a que los inculpados Alfredo López Rumbo alías “El Bola”, y Heriberto Lazcano Lazcano alias “El Lazca”, cuentan con orden de aprehensión, misma que a la fecha no ha sido cumplimentada porque el primero se encuentra prófugo y del segundo se presume su muerte.
Aunado a ello, los Asesores Jurídicos de la CEAV (dependencia federal) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), no impugnaron las resoluciones ni ejecutaron acto alguno en favor de las víctimas, lo cual los dejó en estado de vulnerabilidad y sin acceso efectivo a la justicia.
Entre las acciones jurídicas particulares que se han procedido, y que no habían realizado los asesores de jurídicos del gobierno, destacan:
En el 2020, coordinación con la Dirección de Procesos de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a cargo del Mtro. Osornio García, se logró que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales, con sede en Puente Grande, Jalisco, reconociera la calidad de víctimas a 89 personas relacionadas en el proceso penal por el atentado del 15 de septiembre de 2008.
Derivado de dicho reconocimiento, el Juez de Procesos Penales Federales ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) el pago de la compensación subsidiaria a las víctimas Aurora Bravo Lucas, José García Guerrero, Rocío García Guerrero, Ariana Cuevas Bravo, Margarita Castillo, Salvador Díaz Fernández, Salvador Díaz Tapia, Víctor Alfonso Díaz Tapia Y Luis Díaz Tapia.
El 14 de febrero de este año se presentó por primera vez una reclamación por responsabilidad patrimonial contra la Fiscalía General del Estado, toda vez que derivado de las omisiones en las que incurrió al integrar la averiguación previa con motivo de estos hechos, María de Jesús Vázquez Silva no fue reconocida como víctima dentro del proceso penal, hecho con el que se le vulneró su derecho de acceso a la justicia.
El 2 de septiembre de 2022, después de un largo proceso, y con el apoyo de la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, quien en una reunión con las víctimas se comprometió a revisar puntualmente el expediente de cada uno de ellos, se logró el reconocimiento de María De Jesús Vázquez Silva, como víctima de este hecho, y se ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), esto dentro del expediente CEAV/CIE/0298/2021, siendo el primero paso para que pueda tener acceso a medidas de ayuda y asistencia, y a la compensación subsidiaria.
Justicia para las víctimas
A 14 años de este suceso que cambió drásticamente el rumbo de las vidas de estas familias, es inadmisible que no haya castigo para los responsables, ni reparación integral del daño y que se siga simulando brindar atención a las víctimas.
Las autoridades no puede seguir simulando la justicia, exhortamos a las autoridades competentes a que den puntual seguimiento y, sobre todo, resolución definitiva a los procedimientos de compensación subsidiaria promovidos por las víctimas.
