Estamos a punto de cerrar el Ciclo Escolar 2025-2026, el último antes de que arranque, en septiembre próximo, el proceso electoral 2026-2027 en 17 estados de la república, incluyendo a Michoacán, en el cual se renovará la gubernatura y que, como ya es costumbre dolorosa en esta entidad, suele venir acompañado de politización y de manejo discrecional de los recursos destinados a la formación de niñas, niños y jóvenes.
Lo hemos visto y denunciado: subsistemas enteros, niveles educativos completos e instituciones de educación media superior y superior son convertidos en auténticos feudos políticos, donde hasta el personal de comunicación digital es desviado para hacer proselitismo. Esta vez no hubo que esperar al banderazo formal. El Instituto Electoral de Michoacán ya emitió, en abril, medidas cautelares contra el propio gobernador por presuntos actos anticipados de campaña y, en plena negociación centista en Ciudad de México, el pasado 19 de junio el INE removió a cinco integrantes del Instituto Electoral de Michoacán, dejando al organismo sin quórum justo cuando debía preparar el arranque de ese proceso.
La precampaña, en los hechos, ya empezó. Y todo apunta a que, otra vez, se va a financiar con el erario educativo. Las bardas de muchas escuelas públicas, ya desde ahora convertidas en murales políticos, llenos de pintas y hashtags políticos no mienten y avizoran tempestades políticas, máxime porque, en no pocos casos, quienes se promocionan en ellas, son personas que tienen a su cargo responsabilidades educativas en la entidad federativa.
Por si fuera poco, se ha discursado mucho sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un programa que no existía antes del magnicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre de 2025, y que fue presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum apenas una semana después como respuesta a la indignación social que generó el crimen. Doce ejes, más de cien acciones, promesas de seguridad, educación, salud, vivienda y empleo digno. Pero cada vez que revisamos el diseño o los avances del plan, nos encontramos reiteradamente que éste no contempla una sola medida diseñada específicamente para frenar la violencia dentro de las escuelas. Se presumen armas decomisadas, vehículos asegurados o kilos de droga sintética incautados. No se presume un solo protocolo pensado para que un docente en Aquila, en Apatzingán, en Lázaro Cárdenas o en la Tierra Caliente llegue a su salón sin temor.
Por si fuera poco, considerando las ya de por sí complejas circunstancias, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició su paro nacional indefinido el 1 de junio de 2026 en al menos diez entidades, entre ellas Michoacán, movilizada a través de algunos colores de su Sección XVIII. El pliego petitorio incluía la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, un aumento salarial de hasta cien por ciento al sueldo base, la eliminación de la Unidad del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros y el regreso a un esquema de pensiones sin administradoras privadas. El 19 y 20 de junio, tras casi veinte días de plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, las distintas secciones acordaron levantar el movimiento. Lo llamaron receso estratégico, reorganización, pausa táctica. En absoluto fue una victoria, porque la abrogación de la ley del ISSSTE sigue sin ocurrir, el incremento salarial real se quedó en el nueve por ciento que el SNTE acordó para todos sus agremiados, incluyendo la CNTE y la eliminación de la USICAMM quedó apenas como ofrecimiento del gobierno federal, no como hecho consumado. Lo único que sí se entregó, según trascendió, fue una bolsa de ochocientos millones de pesos para Oaxaca, cifra que el secretario de Educación Pública se apresuró a negar como pago por desmontar el plantón, sin explicar por qué otras secciones igualmente rezagadas no recibieron el mismo trato y a la espera de que se revele qué obtuvo exactamente cada una de las fracciones estatales de la CNTE, particularmente, las de Michoacán, donde la CNTE está fragmentada.
El costo, sin embargo, ya se pagó. Una revisión hemerográfica reciente documenta que la Coordinadora acumula setenta y un días de paro en dos años y medio: veintisiete en 2024, veinticinco en 2025 y diecinueve en este 2026, equivalentes a entre el diez y el catorce por ciento del calendario lectivo de ciento ochenta y cinco días, según el año. Lo hemos dicho durante diecisiete años: es incongruente argüir que estas protestas defienden la educación pública en entidades donde la probabilidad de que un niño termine una carrera universitaria es inferior al veintidós por ciento, como es el caso de Michoacán, donde el impacto fue parcial.
Que el paro se haya levantado no resuelve nada de lo que ya estaba descompuesto antes de que empezara. Las cuotas escolares siguen ahí, ciclo tras ciclo, a pesar de que la Secretaría de Educación en el Estado reitera que son estrictamente voluntarias y que ninguna escuela puede condicionar inscripción, exámenes o entrega de documentos a su pago. La circular emitida xiste; la práctica, en los hechos, persiste, porque la propia autoridad ha reconocido que el presupuesto estatal no alcanza para las más de doce mil escuelas de la entidad, así que delega en las familias lo que debería ser obligación del Estado, y luego se sorprende cuando algún director convierte la voluntariedad en condición.
Las quejas por la necesidad de plantillas de personal completas tampoco se resolvieron con el plantón. Maestros sin grupo, aulas sin maestro y familias separadas porque el padre o la madre docente terminó comisionado a horas de distancia de su casa: ese es el saldo cotidiano de un sistema de asignación de plazas que nadie en el gobierno federal se ha atrevido a desmontar, aunque ahora lo use como moneda de cambio en la mesa de negociación. Durante el ciclo 2025-2026, la autoridad educativa estatal recibió cerca de mil setecientas solicitudes de jubilación, cifra que supera el número de egresados normalistas en un ciclo completo. Hagan cuentas: se van más maestros de los que se forman, y el magisterio michoacano promedia un ingreso equivalente a apenas dos salarios mínimos. A esa precariedad hay que sumar un dato que debería sonrojar a cualquier funcionario: el presupuesto federal destinado a la formación continua del profesorado equivale a unos ciento cinco pesos anuales por maestro. Con eso no alcanza ni para las fotocopias.
Y luego está la violencia, la que no se retira con ningún acuerdo de Gobernación. De acuerdo con el conteo que realizamos desde Mexicanos Primero Michoacán, en el ciclo 2024-2025 fueron asesinados ciento veinte menores en Michoacán, la segunda cifra más alta del país, solo detrás de Guanajuato, con 163. El doble homicidio de las maestras en Lázaro Cárdenas no fue un hecho aislado: cuatro meses antes, en la misma localidad, otro estudiante había incitado por redes sociales a matar a dos docentes. En Uruapan se cerró un plantel porque los propios estudiantes extorsionaban con cobro de piso a sus maestros. En Apatzingán, cuatro escuelas se convirtieron en bases de operaciones interinstitucionales. En Aquila, dos docentes fueron balaceados mientras viajaban junto a autoridades comunales. Anteriormente, hemos documentado amenazas directas del crimen organizado contra personal educativo en al menos veinte municipios del estado durante el ciclo anterior. Frente a ese mapa, el Plan Michoacán enumera armas decomisadas y litros de precursores químicos, pero no enumera un solo protocolo de seguridad escolar diseñado, presupuestado y auditado.
Quedan apenas diecisiete días hábiles antes de que el ciclo escolar concluya el 15 de julio. No es tiempo para discursos ni para resultados grandilocuentes; es tiempo de cerrar bien lo que se pudo y de sentar las bases de lo que viene.
La primera tarea, urgente y verificable, es que la Secretaría de Educación en el Estado audite con datos públicos cuántos días efectivos de clase se perdieron por escuela y por municipio, y que diseñe, junto con los Consejos Técnicos Escolares, un plan de recuperación pedagógica real para las semanas que faltan, en contraturno si es necesario, en lugar de simular que el calendario oficial cubrió lo que el paro y la violencia se llevaron.
La segunda es exigir, antes de que se entreguen boletas y se cierre el ciclo, un reporte transparente de cuotas escolares por plantel: cuánto se cobró, a quién, para qué se usó y bajo qué acuerdo de consejo escolar, porque la opacidad es exactamente lo que permite que lo voluntario se convierta en obligatorio en los hechos.
La tercera, y no menos urgente, es que toda escuela en zona de riesgo, en la Tierra Caliente, en la Costa o en los municipios colindantes con Jalisco, cuente antes de que termine julio con un protocolo de seguridad mínimo y verificable: una ruta de evacuación, un contacto directo con la mesa de seguridad regional y un mecanismo de alerta temprana ante amenazas detectadas en redes sociales, que es justamente lo que faltó en Lázaro Cárdenas.
La cuarta propuesta mira hacia septiembre: que el Congreso del estado y la sociedad civil michoacana vigilen, desde ahora, que el arranque del proceso electoral 2026-2027 no contamine, otra vez, el cierre de un ciclo escolar y el inicio del siguiente con actos anticipados de campaña disfrazados de entrega de útiles o de inauguración de obra educativa.
Y la quinta es que la Secretaría de Educación Pública federal y la Secretaría de Educación en el Estado hagan pública, antes de que arranque el ciclo 2026-2027, una hoja de ruta concreta sobre el futuro de la unidad de plazas: si se elimina, cómo y cuándo se sustituye, y qué pasa con las miles de plazas y comisiones pendientes que hoy dejan aulas sin maestro y maestros sin grupo.
Prometer la caída de un sistema sin construir el que lo sustituye no es una reforma; es otro vacío, idéntico al que ya estamos pagando, gatopardismo legislativo. El paro se levantó. La responsabilidad educativa permanece. Los indicadores educativos siguen tan grises o rojos como antes del plantón. Es momento de construir un mejor futuro. ¡Merecemos un gobierno educador!
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
