Morelia, Mich., 13 de Julio de 2026.- En el discurso oficial se habla de igualdad, de espacios laborales libres de violencia y de cero tolerancia al acoso. En los hechos, la historia que relatan trabajadoras del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán dibuja un escenario completamente distinto. Las denuncias apuntan directamente contra su director general, Andrés Medina Guzmán, quien asumió el cargo el 6 de julio de 2022, tras ser propuesto por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y rendir protesta ante el Congreso del Estado para un periodo de seis años.
Los testimonios coinciden en un mismo patrón: hostigamiento laboral, despidos, intimidación y un ambiente de miedo que, aseguran, se ha vuelto cotidiano. Son las mujeres quienes afirman ser las principales víctimas. Narran que incluso subir las escaleras representa un momento de tensión porque, según denuncian, son fotografiadas sin su consentimiento. Otras refieren comentarios de carácter sexual y expresiones impropias de un servidor público, además de insinuaciones que, lejos de ser bromas, terminan convirtiéndose en herramientas de presión.
Quienes rechazan ese trato o simplemente no siguen el juego, aseguran, comienzan a sufrir represalias. Cambios de funciones, hostigamiento constante y, finalmente, el despido. Trabajadores afirman que durante esta administración más de un centenar de personas han sido separadas de sus cargos y que, al momento de ser despedidas, reciben advertencias para no presentar denuncias ni hacer público lo ocurrido.
A ello se suma otra acusación que agrava la percepción de impunidad. Diversos empleados sostienen que Andrés Medina Guzmán presume contar con el respaldo del gobernador, al señalar que su hijo trabaja como colaborador cercano del mandatario estatal. Bajo esa supuesta protección, dicen, actúa con la certeza de que ninguna denuncia prosperará y de que permanecerá en el cargo sin consecuencias.
La imagen de imparcialidad también quedó en entredicho cuando el funcionario fue captado en la Ciudad de México participando en un acto de respaldo a la senadora Celeste Ascencio durante el proceso interno de Morena para definir a su coordinación política en Michoacán. El hecho ocurrió pese a que la dirigencia nacional del partido había prohibido expresamente la intervención de servidores públicos y a que el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla advirtió que habría sanciones para quien violara esos lineamientos. En este caso, no ocurrió absolutamente nada.
Las denuncias de acoso laboral y sexual no pueden quedarse únicamente en rumores de pasillo ni en publicaciones de redes sociales. Si existen víctimas, corresponde a las autoridades competentes investigar con seriedad, garantizar la protección de quienes denuncian y determinar responsabilidades. El silencio institucional, lejos de resolver el problema, fortalece la percepción de que en algunos espacios públicos existen funcionarios intocables.
Porque la pregunta ya no es únicamente qué ocurre al interior del Centro de Conciliación Laboral. La verdadera interrogante es quién protege a su director y por qué, pese a las acusaciones y a los episodios públicos que han cuestionado su actuación, sigue al frente de una institución cuya misión, paradójicamente, es garantizar justicia laboral. Si el Gobierno de Michoacán sostiene que nadie está por encima de la ley, este caso representa una oportunidad para demostrarlo con hechos y no solamente con discursos.